Así, el texto adoptado por el Congreso ha incorporado cuatro enmiendas presentadas el Grupo Parlamentario Republicano, que se hacía eco de demandas del CERMI. La primera determina que "en el caso de personas con discapacidad trabajadoras, la empresa asegurará que esos medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, sean universalmente accesibles, para evitar cualquier exclusión por esta causa". La segunda hace referencia a que la "evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia" tengan en cuenta la "accesibilidad del entorno laboral efectivo".

 

Por su parte, una tercera en virtud de la cual se modifica la redacción de artículo 22 del Proyecto de Ley, sobre las medidas que podrán adoptar las empresas para la  "vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales" para añadir que se tendrán en cuenta las "circunstancias personales, como la concurrencia de una discapacidad".

 

Finalmente, el texto aprobado recoge una nueva disposición adicional planteada por el CERMI por la que "en el trabajo a distancia, se considerará como domicilio de referencia (...) aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y, en su defecto, el domicilio de la empresa o del centro o lugar físico de trabajo".

 

El CERMI agradece a los grupos políticos su receptividad a las propuestas de la sociedad civil y la contribución que ha realizado para la mejora de una nueva regulación legal que tiene que nacer respetuosa e inclusiva con las personas con discapacidad.